Sin excepción. Ninguna autoridad puede sustraerse al cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Presidente de la República mediante la Directiva Presidencial 10, destinada a engrandecer la legitimidad del Estado que se ha visto lesionada por el efecto de la corrupción, el clientelismo y la politiquería.
Básicamente, algunos de los puntos del programa de gobierno del presidente Alvaro Uribe se fundamentaron en combatir este trípode de defectos que se apoderó de los principales frentes de la administración pública, afectando negativamente las finanzas y restando capacidad de rendimiento a la inversión social, pues los recursos que se destinan a este fin quedan atrapados en un laberinto sin salida hasta el punto que ya no hay ingreso tributario que alcance para financiar las inversiones necesarias que requiere el desarrollo humano y económico de la Nación.
La intención de la directiva es buena, y está bien recomendada para el momento de crisis moral que atraviesa el aparato estatal. Ubicándonos del lado optimista, desde ya se pronostica su ejecución efectiva mientras no sea echada en saco roto por quienes están obligados a cumplirla, comenzando por los ministros, jefes de departamentos administrativos, gobernadores y alcaldes; desconocerla sería grave, y pondría en jaque la palabra empeñada del mismo Presidente de la República que busca combatir la corruptela.
Se encumbra la relación Estado Ciudadano como mecanismo de participación comunitaria con el fin de conseguir los objetivos sociales del sector oficial, fortaleciendo la iniciativa de las personas en el control y vigilancia de la gestión pública, extendida a todos sus niveles como resultado de la aplicación de la norma constitucional vigente, enderezando la mala interpretación del sentido jurídico y político del concepto de autoridad y su ejercicio.
A ciertos gobernadores y alcaldes que vienen desconociendo el nuevo orden jurídico y que están comprendidos en esta directiva presidencial el asunto les cae como anillo al dedo; no sería lógico que estos funcionarios no se hayan dado cuenta de la importancia del mensaje que les envía el jefe de la administración pública nacional, que es el presidente de la república. La obligación de estos empleados es obedecer, impartiendo ya mismo órdenes similares en sus correspondientes administraciones locales. No sea que se les tenga que aplicar el refrán: no hay peor sordo que el que no quiere ver.
Son muchos los motivos que le asisten al ciudadano para ocupar el primer lugar en todo este proceso de rectificación; siendo su participación, más que un compromiso, un deber patrio, al cual éste debe responder sin titubeos, pues deberá enfrentarse a los acontecimientos y contribuir al mejoramiento del futuro. Hay que comprender que sin el concurso ciudadano no será posible conseguir el beneficio común, como tampoco parar el desastre que ha traído la pérdida de recursos y la merma de los activos del Estado ante la falta de control.
Al país le quedan dos pilares que no se han prostituido totalmente, los cuales son: la mayoría de los hombre y mujeres de bien y la prensa; la esperanza está en que los dos unidos pueden salvar al país de la hecatombe, porque el gasto desmesurado que ha contribuido al déficit fiscal es el producto del despilfarro de recursos. Por ejemplo, durante el año 2001 se le entregaron a los entes territoriales del departamento de Córdoba, a través de los distintos fondos de cofinanciación, más de $50.000 millones cuya mayor cantidad nadie sabe a dónde fueron a parar.
Nada mejor que obedecer al escritor español Fray Sebastián Conde: “Quien hiciere caso del aire no hará labores, y quien se pare a considerar las nubes no recogerá mieses”.
